La pensión de alimentos es el derecho que tienen ciertos familiares, especialmente los hijos e hijas, a recibir una contribución económica destinada a satisfacer sus necesidades básicas: alimentación, salud, educación, vestuario y recreación, entre otras.

¿Quiénes pueden solicitarla? El padre o madre que tiene el cuidado personal del niño, niña o adolescente, el representante legal o el propio alimentario, si es mayor de edad; entre otros.

Antes de presentar una demanda ante los Tribunales de Familia, la ley exige que las partes asistan a una mediación familiar obligatoria. Esta busca lograr un acuerdo entre las partes sin necesidad de juicio. En caso de que no se llegue a un acuerdo o alguna de las partes no asista, se emite un certificado de mediación frustrada que habilita para iniciar la demanda judicial.

El monto de la pensión se determina considerando tanto las necesidades del alimentario como la capacidad económica del alimentante. Puede establecerse mediante acuerdo de o fijarse por sentencia judicial.

Actualmente existen mecanismos reforzados para asegurar su cumplimiento, como la retención de fondos de AFP, retención de devolución de impuestos, inscripción en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, y restricciones para renovar pasaporte o licencia de conducir, además de otras medidas sancionatorias.